Resumen Ejecutivo
El presente reporte tiene como objetivo principal mapear y analizar el marco legal y regulatorio existente en siete países hispanohablantes de Centroamérica y el Caribe (Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Panamá y República Dominicana) respecto a la gobernanza de las plataformas digitales. A través de este diagnóstico, se evalúa el nivel de alineamiento de las normativas nacionales con los principios y recomendaciones de las Directrices para la Gobernanza de las Plataformas Digitales de la UNESCO, con el fin de identificar brechas, retos y oportunidades para construir un ecosistema digital ético, inclusivo y respetuoso de los derechos humanos.
El análisis revela una profunda dicotomía en la región: si bien los siete países cuentan con un sólido diseño constitucional que protege la libertad de expresión, prohíbe la censura previa y consagra la privacidad de las comunicaciones, la realidad operativa y regulatoria presenta vacíos críticos. La mayoría de los Estados analizados carecen de un marco jurídico integral que regule a los intermediarios de y de leyes robustas de protección de datos personales aplicables al sector privado (con la excepción de México y Panamá). Ante este vacío, las autoridades suelen recurrir a enfoques sectoriales, reactivos y frecuentemente punitivos (como la aplicación de leyes penales analógicas a entornos digitales), alejándose del modelo de corresponsabilidad y transparencia proactiva que promueve la UNESCO.
Además, el diseño institucional de la región muestra deficiencias en cuanto a la autonomía de los reguladores. Las agencias encargadas suelen estar subordinadas al Poder Ejecutivo. Este escenario se ve agravado por retrocesos recientes, como la disolución de órganos autónomos de transparencia y telecomunicaciones en México, o la vigencia de regímenes de excepción y vigilancia estatal en El Salvador, lo que genera un efecto inhibitorio en el espacio cívico y el periodismo.
En el ámbito electoral, la irrupción de las redes sociales, la microsegmentación y la Inteligencia Artificial (IA) generativa han superado las capacidades técnicas y legales de la mayoría de los tribunales electorales, dejando a la democracia regional altamente vulnerable a la desinformación. Destaca, como excepción positiva, el caso de Panamá, pionero en tipificar la manipulación masiva mediante bots y deepfakes.
Para validar estos hallazgos y trazar una hoja de ruta, los días 8 y 9 de diciembre de 2025 se celebraron talleres de capacitación y co-creación en Santo Domingo, República Dominicana liderados por la I4T Knowledge Network y la UNESCO, bajo un enfoque de múltiples partes interesadas y en donde participaron autoridades electorales y entes reguladores de todos los países objeto del reporte (excepto Guatemala, que no pudo participar) y de entidades de sociedad civil regionales y nacionales.
De estos diálogos emanaron prioridades estratégicas claras y que sirven para marcar una hoja de ruta para los próximos años: la necesidad de transitar de la moderación de contenidos a la regulación de procesos y algoritmos; la urgencia de exigir una "soberanía lingüística" que obligue a las plataformas a moderar respetando los modismos locales y lenguas indígenas; y la propuesta innovadora de utilizar a las autoridades bancarias y tributarias para ejercer presión coercitiva sobre las corporaciones tecnológicas ("seguir el dinero").
Finalmente, se concluyó que los países de la región carecen del peso de mercado individual para negociar con las Big Tech, por lo que es imperativa la creación de un bloque regional unificado para exigir rendición de cuentas y proteger los derechos humanos en el ecosistema digital.