10. Alineamiento con las Directrices de la UNESCO desde el punto de vista regional
El análisis transversal del marco normativo e institucional de Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador, Panamá, República Dominicana y México revela marcados contrastes. Aunque todos estos países comparten un diseño constitucional sólido que prohíbe la censura previa y protege la libertad de expresión con un enfoque de neutralidad tecnológica, la efectividad de estas garantías choca con profundos vacíos regulatorios. Así, mientras que las constituciones están alineadas con lo que pide el derecho internacional, en la práctica existen claros retos y barreras.
Las directrices de la UNESCO subrayan que la gobernanza digital debe sustentarse en un ecosistema de stakeholders múltiples, salvaguardando los derechos humanos y exigiendo a las plataformas una estricta debida diligencia. Sin embargo, la región opera mayoritariamente bajo enfoques sectoriales y con fragmentación evidente en el marco regulatorio. En no pocas ocasiones, los enfoques son reactivos y punitivos, todavía centrándose en el comportamiento de los ciudadanos en línea y no en todo el sistema en su conjunto. Esto se aleja del modelo de corresponsabilidad, transparencia proactiva y empoderamiento ciudadano que demanda el estándar internacional.
En materia de libertad de expresión y protección del espacio cívico, las Directrices UNESCO recomiendan que cualquier restricción impuesta por los Estados supere un riguroso test de legalidad, finalidad legítima, necesidad y proporcionalidad. Mientras en los tribunales de Costa Rica o México se aplica formalmente esta prueba en su jurisprudencia, la realidad operativa regional es restrictiva, en ocasiones severamente.
En El Salvador, la prolongación del Régimen de Excepción ha legalizado una vigilancia estatal irrestricta que fomenta la autocensura y silencia el debate público. En Honduras y Panamá, la retención de los delitos de injuria y calumnia en la esfera penal facilita el acoso judicial contra periodistas mediante demandas estratégicas (SLAPPs), contraviniendo directamente el llamado internacional a despenalizar el discurso. Esta asfixia del espacio cívico se agrava por el uso documentado de tecnologías de espionaje contra la prensa y defensores de derechos humanos en varios de los países de la región, socavando el entorno seguro indispensable para el libre flujo de información.
Respecto a la gobernanza de las plataformas, las Directrices UNESCO establecen la necesidad de marcos jurídicos que otorguen responsabilidad condicionada a los intermediarios (como los esquemas de puerto seguro) a cambio de obligaciones estatutarias ineludibles de transparencia, debido proceso para los usuarios y evaluaciones periódicas de impacto en los derechos humanos. En la región existen pocos ejemplos de marcos jurídicos como estos, y si los hay, no son integrales.
Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador y la República Dominicana carecen de leyes modernas que definan el rol de las plataformas digitales y de marcos que exijan este tipo de responsabilidad condicionada, o si se quiere, que garanticen la inmunidad condicionada. Ante este vacío, los Estados recurren a leyes de protección al consumidor o códigos penales, lo que desincentiva a las plataformas a implementar mecanismos de apelación que garanticen un debido proceso a los ciudadanos en la protección de sus derechos y libertades ante las decisiones de moderación de contenidos.
Aunque Panamá y México contemplan ciertas figuras de puerto seguro para comercio electrónico y derechos de autor respectivamente, toda la región falla en imponer mandatos transversales que obliguen a las grandes tecnológicas a transparentar el funcionamiento de sus algoritmos o a garantizar que la moderación automatizada de contenidos sea sensible a la diversidad lingüística y al contexto cultural local, tal como lo exige enfáticamente la UNESCO.
Una de las divergencias más agudas frente al modelo de la UNESCO radica en el diseño institucional y la exigencia de una autonomía regulatoria plena. Las Directrices piden que los organismos encargados de regular el ecosistema digital deben ser estrictamente independientes del control político y gubernamental. Sin embargo, en la mayoría de estos países, las autoridades relevantes muchas veces responden directamente a los mandatos del Poder Ejecutivo. En México, incluso si ha habido cambios legislativos relevantes que contienen elementos que se alinean mejor con las Directrices, lo cierto es que las recientes reformas estructurales han reducido o eliminado la autonomía constitucional de reguladores clave en materia de telecomunicaciones y transparencia gubernamental, concentrando el poder en la administración central y desmantelando los contrapesos institucionales básicos para evitar la intervención estatal arbitraria.
La asimetría de poder frente a la extracción corporativa de datos se agudiza por las carencias en privacidad y alfabetización digital, elementos que la UNESCO considera habilitadores del empoderamiento ciudadano. Salvo Panamá y México, que cuentan con legislaciones integrales aplicables al sector privado, el resto de los países depende de la figura constitucional del Habeas Data, de normativas exclusivas para el sector público o de leyes enfocadas desproporcionadamente en áreas específicas (como los historiales crediticios en el caso de la República Dominicana).
Adicionalmente, prácticas comerciales toleradas como el zero rating en países como Honduras y El Salvador fragmentan la neutralidad de la red, encerrando a los usuarios en burbujas de redes sociales que limitan el acceso al internet abierto. Esta limitación técnica puede potenciar la propagación de desinformación, lo que choca de frente con la recomendación de la UNESCO de dotar a las poblaciones de políticas nacionales robustas de Alfabetización Mediática e Informacional para fomentar el pensamiento crítico y con el requerimiento de los instrumentos internacionales de derechos humanos, y las constituciones nacionales, de trabajar activamente en la garantía del derecho a la libertad de expresión y en particular, al acceso a información.
Finalmente, en el ámbito de la integridad democrática, las Directrices UNESCO instan a los Estados y a las plataformas a realizar evaluaciones de riesgos sistémicos para los derechos humanos, pero ninguno de los países cuenta con una legislación marco, o por lo menos de directrices nacionales o regionales, que permitan hacerlo.
Esto también es particularmente relevante en cuanto a la mitigación de riesgos que puedan afectar a la integridad electoral. Las herramientas para proteger los procesos electorales de la manipulación algorítmica no parecen suficientes en los países de la región en un entorno que es hoy más complicado que antes.
El salto de la propaganda política a la esfera virtual ha superado la capacidad legal de casi todas las autoridades de la región. Panamá destaca como pionero regulatorio al actualizar su Código Electoral para exigir transparencia en el financiamiento de pautas digitales, prohibir el uso de cuentas inauténticas y tipificar el uso malicioso de inteligencia artificial. En contraste, en Costa Rica, Guatemala y México, las autoridades electorales han tenido que operar mediante acuerdos voluntarios o medidas cautelares carentes de fuerza coercitiva a largo plazo.
Las omisiones más paradójicas recaen sobre El Salvador, que habilitó exitosamente el voto electrónico remoto pero mantiene un vacío legal absoluto para fiscalizar la propaganda digital, y la República Dominicana, cuyas autoridades reconocen su incapacidad técnica para auditar la microsegmentación publicitaria extranjera, dejando los procesos electorales de la región expuestos ante el poder de las corporaciones tecnológicas y ante los riesgos específicos que han emergido tras la digitalización de los procesos electorales y que comienza ya a enfrentar riesgos particulares derivados del uso de la IA artificial generativa, además de los que ya están identificados en relación con la mediación algorítmica en las plataformas digitales.
El análisis conjunto de los siete países estudiados evidencia que la región se encuentra en una encrucijada regulatoria y democrática crítica. Si bien la sólida base constitucional de la región representa una fortaleza innegable, la lentitud para traducir estos principios en marcos jurídicos modernos y articulados hace que el ecosistema digital esté atado a una gobernanza fragmentada, asimétrica y, con demasiada frecuencia, reactiva, cuando no punitiva.
Para lograr una verdadera alineación con la visión de la UNESCO para un internet de confianza a través de sus Directrices, es imperativo que los Estados trasciendan la tentación de la vigilancia gubernamental y el enfoque punitivo centrado en vigilar al usuario, evolucionando hacia un modelo de corresponsabilidad sistémica anclado en la articulación de la cooperación regional y en donde los contextos locales y regional sean tomados plenamente en cuenta.
Esto exige un compromiso ineludible para instituir autoridades reguladoras verdaderamente independientes, cerrar los vacíos en la fiscalización electoral y obligar a las plataformas tecnológicas transnacionales a ejercer una transparencia activa, realizar evaluaciones de impacto y aplicar la debida diligencia en materia de derechos humanos. Solo a través de una gobernanza integral y sustentada en el diálogo de múltiples partes interesadas se podrá proteger el espacio cívico en internet, mitigar los riesgos sistémicos, incluidos los que traigan los nuevos desarrollos de inteligencia artificial, y garantizar que el internet opere como un habilitador equitativo de libertades y derechos humanos, y no como una barrera, para el desarrollo democrático de la región.