12. Conclusiones y acciones recomendadas

12.1 Conclusiones Principales

El análisis transversal del marco normativo e institucional de Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador, Panamá, República Dominicana y México, contrastado con las Directrices de la UNESCO y enriquecido por los diálogos multistakeholder de los talleres regionales, permite extraer las siguientes conclusiones estructurales:

1. Contraste entre el blindaje constitucional y la realidad operativa.

La región comparte un patrimonio constitucional valioso que protege dogmáticamente la libertad de expresión, el acceso a la información y el derecho a la privacidad. Sin embargo, en la práctica, la efectividad de estas garantías se diluye frente a barreras políticas, de infraestructura y de violencia. Fenómenos como el acoso judicial mediante leyes anacrónicas de difamación (SLAPPs en Panamá y Honduras), la violencia sistémica contra la prensa (México), el espionaje digital a periodistas y el uso de regímenes de excepción que legalizan la vigilancia irrestricta y fomentan la autocensura (El Salvador), demuestran que el espacio cívico digital está bajo asedio, contraviniendo el "alto umbral" de protección exigido por el derecho internacional.

2. Necesidad de avance regulatorio.

La región opera bajo un evidente rezago frente a las corporaciones tecnológicas. Salvo por aproximaciones sectoriales en México (derechos de autor) y Panamá (comercio electrónico), los países carecen de leyes modernas que definan el rol de las plataformas digitales y establezcan un régimen de responsabilidad condicionada (safe harbor). Este vacío obliga a los Estados a improvisar mediante leyes de protección al consumidor o códigos penales de alta tecnología, lo que resulta en un enfoque punitivo hacia el usuario final, en lugar de imponer obligaciones de debida diligencia, transparencia algorítmica y mecanismos de apelación (debido proceso) a las propias plataformas.

3. Fragilidad institucional y asimetría en la protección de datos.

A excepción de México y Panamá, que cuentan con legislaciones aplicables al sector privado, la protección de la privacidad en la región es precaria, dependiendo del recurso reactivo del Habeas Data o de leyes limitadas al sector público o crediticio. A esto se suma un incumplimiento crítico del estándar de la UNESCO sobre la independencia de los reguladores. Las autoridades de telecomunicaciones suelen estar subordinadas al Poder Ejecutivo. Resulta preocupante el caso de México, que recientemente eliminó la autonomía constitucional de sus reguladores clave (como el INAI y el IFT), desmantelando los contrapesos institucionales básicos frente a la intervención estatal.

4. Vulnerabilidad de la integridad electoral frente a la desinformación y la Inteligencia Artificial.

El ecosistema digital se ha convertido en el principal campo de batalla político, superando la capacidad sancionatoria y técnica de los organismos electorales. Mientras Panamá destaca como un pionero regulatorio al prohibir bots, cuentas inauténticas y tipificar el uso malicioso de la IA para desinformar, el resto de la región depende de acuerdos voluntarios frágiles o se encuentra en un vacío legal absoluto (como El Salvador o República Dominicana, incapaces de auditar la pauta microsegmentada extranjera). La llegada de la IA generativa amenaza con abaratar y automatizar la manipulación psicográfica, exigiendo reformas urgentes que se enfoquen en salvaguardar el proceso democrático.

5. La asimetría del mercado y la necesidad de un bloque regional.

Una de las conclusiones más contundentes emanadas de los talleres de 2025 es que las naciones de Centroamérica y el Caribe, debido al tamaño reducido de sus mercados, carecen del poder de negociación ("músculo diplomático") para obligar a las grandes empresas tecnológicas (Big Tech) a rendir cuentas, abrir oficinas locales o adaptar sus sistemas de moderación automatizada a los dialectos y lenguas indígenas de la región (soberanía lingüística). Para superar esta asimetría, la acción estatal aislada es inútil; es indispensable transitar hacia la conformación de bloques de negociación regional.

6. Hacia una gobernanza innovadora.

Frente a la falta de jurisdicción física sobre las plataformas, la región debe pensar fuera de los esquemas tradicionales. Como se propuso en los diálogos interinstitucionales, una vía de alta eficacia para obligar a las plataformas a cumplir con los estándares de derechos humanos y mitigar riesgos sistémicos es involucrar a las superintendencias del sistema financiero y las autoridades tributarias. Utilizar el control sobre el flujo económico (pagos de publicidad, suscripciones y monetización) proporciona a los Estados el apalancamiento necesario para exigir la transparencia y corresponsabilidad que los entes electorales y otras autoridades competentes no han logrado imponer.

12.2 Acciones recomendadas

La región de Centroamérica, México y el Caribe se encuentra en una encrucijada. Para materializar la visión de un "internet de confianza" promovida por la UNESCO, los Estados deben abandonar los modelos punitivos y de vigilancia, y abrazar una gobernanza sistémica de múltiples partes interesadas Esto requiere dotar de verdadera independencia a los reguladores, modernizar las leyes electorales, fomentar la alfabetización digital para romper las burbujas informativas, y actuar como una región unida que exija a las plataformas adaptar sus tecnologías a la dignidad y a los derechos humanos de sus poblaciones. Dicho esto, nuestra investigación nos permitió identificar una serie de áreas clave en los que sociedad civil y reguladores encontraron consenso y sobre las que se puede trabajar.

En ese sentido, la I4T Knowledge Network puede trabajar con autoridades y entidades de sociedad civil en la región y servir de interlocutor con UNESCO, dando soporte, compartiendo conocimiento, asistencia técnica y evidencia para apoyar a los países de la región pueda avanzar hacia una gobernanza de plataformas digitales que aborde los retos comunes a las distintas regiones del mundo y que también responda a las prioridades que han sido identificadas en la región.

Las áreas clave y las acciones recomendadas se resumen a continuación: